SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS DE DESAHUCIO POR EL COVID-19 HASTA EL 9 DE MAYO DE 2021

 

El Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de Marzo, modificado últimamente por el Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre,  por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, ha prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021, el plazo desuspensión para instar en el Juzgado los desahucios o del lanzamiento de arrendamiento deviviendas habituales.

Queda fuera de este derecho de suspensión, los desahucios relacionado con el arrendamiento para uso distinto al de vivienda, esto es, locales de negocio.

Deberá de ser el inquilino quien solicite al juzgado la suspensión y deberá de acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica derivada por loe efectos del Covid-19; en decir,  la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE)o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

  1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples mensual.
  2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

  1. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  2. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

Además, la renta, los gastos y suministros básicos, deben de ser superiores o iguales al 35 % de los ingresos del conjunto de la unidad familiar.

 

Si usted tiene cualquier duda o problema, puede contactar con nosotros sin compromiso en www.defendoabogados.es o en el 976234768, y le ayudaremos a solucionarlos.

¿Alguna duda?

Contacte con nosotros por el medio de contacto que desees:

Contrate nuestros servicios

Desde tan solo 99€. Elige tu pack:

Menú