ALGUNOS ASPECTOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA

 

 

 

Ante la especial situación en la que nos encontramos, es necesario analizar qué consecuencias pueden suponer para los ciudadanos el incumplimiento de las medidas de confinamiento tomadas por el Gobierno.

 

Para ello nos centramos en el muy famoso delito de desobediencia tan oído estos días. El mismo se encuentra regulado en el artículo 556 del Código Penal, que estipula que “1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 

2.Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.”

 

Lo anterior ha sido matizado mediante reiterada jurisprudencia como ejemplo, la famosa Sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo sobre el caso del “Procès”), que ha señalado los requisitos que tienen que concurrir para que se produzca el delito:

 

  1. Es necesario que, previo al acto de desobediencia, se haya emitido una orden directa al destinatariopor parte de la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones y por la que se imponga al particular una conducta determinada activa o pasiva.
  2. Debe haber una negativa, oposición o resistencia a cumplir dicha orden.
  3. Además, la desobediencia debe ser grave.

 

 

Ante lo anterior, hay que preguntarse si ¿es posible que la conducta de un ciudadano que abandona su hogar sin causa justificada se traduzca en la imputación de un delito de desobediencia?

 

De entrada y con la debida prudencia que exige un análisis a priori, la respuesta debería ser NO, toda vez que solo puede ser delito de desobediencia la negativa a cumplir una orden personalmente notificada (lo que no ocurre con una disposición de un Real Decreto), con apercibimiento legal de las consecuencias del incumplimiento.

 

En consecuencia, la inmensa mayoría de sanciones que se impongan con motivo del incumplimiento de las medidas de confinamiento serán de carácter administrativo.

 

No solo un mero incumplimiento es constitutivo de un delito de desobediencia sino que para que los hechos sean típicos es necesario que concurran los siguientes elementos:

1) La existencia de un mandato expreso y concreto de hacer o no hacer, emanado de la autoridad o de sus agentes.

2) Que la orden se encuentre en el marco de las competencias de aquel que lo emite.

3) Que el mandato se haya notificado al obligado a cumplirla, de forma que tenga conocimiento de su contenido aunque éste requisito es prescindible si la persona conocía la orden que debía cumplir.

4) El incumplimiento de lo que se manda.

5) La presencia del dolo en el sujeto que conlleva que frente a la orden conocida el obligado se oponga a ella de forma manifiesta.

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